El principal uso social que ha tenido la pandemia ha sido la de producir un incontenible miedo al virus, al otro, al contagio, a la enfermedad, y en última instancia a la muerte que ha justificado el cierre de fronteras y la adopción de una serie de medidas para controlar la movilidad de la población al interior de los espacios nacionales. Los extranjeros encarnan la figura de los otros ajenos, de los cuerpos racializados que son sospechosos. En tiempos de pandemia, la sospecha se exacerba así como el miedo a que esos cuerpos ajenos sean vectores de contagio. En varios países se han registrado formas de xenofobia social y estatal frente a ciertas categorías de migrantes. Es el caso de Guatemala, por ejemplo, donde tanto el gobierno como la sociedad ha visto con malos ojos la llegada de guatemaltecos deportados y contagiados desde Estados Unidos; o, el caso de Chile, donde autoridades de gobierno han asociado el virus y su propagación con la comunidad haitiana; o argentino, donde “deportaciones acordadas” han sido instauradas para ciertos turistas, como coreanos y europeos. 

 

El miedo durante la pandemia ha impactado de otros modos a la población en condición de movilidad humana en las Américas. Es sobre todo entre migrantes irregularizados y/o solicitantes de asilo varados que éste se ha exacerbado. Las formas en las que el miedo se materializa son varias, entre otras: el temor a enfermar y no acceder a atención de salud; a no tener empleo digno; a no tener qué comer; a no tener cómo pagar la renta o no tener dónde vivir; a que sus vidas se precaricen aún más; a que los detengan y deporten; o a morir en detención contagiados de Covid-19. El miedo que ellxs cargan deriva de políticas xenófobas que los construyen como cargas públicas o que los criminalizan incesantemente. En el continente, durante la pandemia, el caso paradigmático, pero no el único, es el de Estados Unidos. Ahí, las redadas, detenciones y deportaciones no han cesado. La Corte Suprema ha autorizado deportaciones express y de residentes legales que hubiesen cometido delitos (incluidos delitos menores) hasta hace siete años. Y, además, las medidas anti-migrante que la administración Trump ya había adoptado han surtido efecto, pues al poner en vigencia la “regla de carga pública” que, aunque no incluye la salud, provoca que los migrantes dejen de buscar atención médica por temor a no poder regularizarse en el futuro. Otro caso, es el de Colombia, donde la alcaldesa de Bogotá afirmó que migrantes venezolanos eran una “carga económica” para el gobierno de la capital. Las medidas y afirmaciones públicas como las previas exacerban el miedo entre la población en condición de movilidad. Por esta razón muchos migrantes temen a su vez buscar ayudas sociales, ser atendidos en los sistemas de salud y hasta denunciar abusos. 

 

El miedo puede inmovilizar y docilizar a la población, o también detonar estrategias de lucha por la vida, tal como migrantes irregularizados lo han hecho. Es el caso de migrantes detenidos que han organizado huelgas de hambre en detenciones en Estados Unidos y México porque temen morir contagiados de Covid-19 por las condiciones insalubres; o el caso de muchos  migrantes irregularizados en diversos puntos del continente que, a pesar del cierre de fronteras y la vigilancia, han emprendido retornos – prácticamente forzados – a sus lugares de origen por miedo al contagio, a una mayor precarización vital, y a seguir siendo violentados por la xenofobia estatal y social. 

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