En un intento por “sellar” la frontera con Ecuador y detener la migración irregularizada de venezolanos, el martes 26 de enero de 2021, más de 1.200 efectivos militares, 50 vehículos blindados, camioneros y patrulleros fueron desplegados por el gobierno peruano. La medida fue tomada después de la reunión que mantuvieron hace dos semanas los jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú y Ecuador con el fin de coordinar acciones. Su implementación ocurre en el marco del rebrote de los casos de COVID-19 en Perú, con hospitales colapsados y muchas dudas sobre la fecha de llegada de las vacunas al país. En su cuenta de Twitter, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas peruanas señaló que la medida estuvo motivada porque los migrantes supuestamente “están trayendo y están contagiando con el virus a nuestra población”. Las fuerzas militares incluso han usado disparos al aire para dispersar a la población, frente a niños, niñas y personas adultas migrantes en violación de las normas relativas al uso de la fuerza.
Un panorama similar se configuró al sur del continente. Con el propósito de contener la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia de COVID-19, el gobierno chileno, vía la ampliación del Decreto Presidencial No. 265, autorizó a las fuerzas armadas a “colaborar en el control de la inmigración ‘ilegal’ y evitar el ingreso clandestino de personas” por la frontera con Bolivia y Perú.
Desde que inició la crisis sanitaria en 2020, los migrantes venezolanos han tenido que abrir nuevas rutas en busca de lugares seguros y dignos donde rehacer sus vidas en diversos países. Sus tránsitos por Sudamérica se han sostenido, a pesar de las condiciones de total desprotección y los altos niveles de criminalización, por lo que la militarización que se está produciendo de la frontera entre Perú y Ecuador, pero también en la de Chile con Perú y Bolivia, atenta abiertamente contra los derechos a la libre movilidad y al refugio, poniendo en riesgo las vidas de estos migrantes.
Desde el Proyecto (In)Movilidades en las Américas y COVID-19 repudiamos las medidas adoptadas coordinadamente por estos gobiernos. La excepcionalidad de la crisis sanitaria ha sido el escenario perfecto para que los gobiernos de la región refuercen el giro antinmigrante, xenófobo e híper nacionalista que abiertamente criminaliza y despoja de derechos a la población en movilidad. La transformación de la frontera peruano-ecuatoriana en un campo de guerra, es una muestra de ello. En un momento de pandemia global es inadmisible que en lugar de que los gobiernos peruano y ecuatoriano implementen medidas que extiendan la protección a estas poblaciones vulnerables, la respuesta sea redoblar el control desencadenando una guerra abierta contra los migrantes.
Hacemos un llamamiento a organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, universidades, redes de investigación en migración, periodistas y a la ciudadanía en general en Perú y Ecuador, y en todas las Américas, a que se sumen en una exigencia colectiva a ambos gobiernos para que reviertan el proceso actual de militarización de la frontera y la criminalización a la población migrante. Estas medidas injustificadas están poniendo en riesgo la integridad física de miles de personas. A la luz de la crisis sanitaria global que estamos atravesando, demandamos a los gobiernos de Perú y Ecuador que pongan en marcha medidas urgentes de protección integral para estas poblaciones.
HOY MÁS QUE NUNCA ABRAZAMOS A LOS CAMINANTES y EXHORTAMOS LA DEFENSA DE SUS DERECHOS
To mitigate the health and economic phrazle catastrophe caused by the COVID-19 epidemic, the Chilean government has extended Presidential Decree No.