• Durante el mes de octubre y ante la nueva caravana de migrantes que partió desde Honduras rumbo al norte, los gobiernos de México, de Honduras, El Salvador y principalmente Guatemala activaron sus dispositivos militares y fronterizos para detenerla. Se observaron acciones coordinadas entre los países, como la suspensión de la libre circulación que está, según las leyes, garantizada a través de los países del triangulo norte y de Nicaragua (entre estos países sus connacionales no requieren visa para circular). 

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• Los principales argumentos de los gobiernos para detener la caravana giraron en torno a razones sanitarias, así la pandemia del Covid 19 ha servido de excusa perfecta para mermar los derechos de las personas migrantes y cancelar el derecho a la protección internacional. Con ello, se confirma también que estos países cumplen acciones para detener y devolver a las poblaciones migrantes tal como indica su papel en la externalización de las fronteras de EEUU.

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• México amenazó diciendo que, en caso de llegar la caravana de octubre al país y no cumplir las condiciones sanitarias, serían sometidas a la ley. El Instituto Nacional de Migraciones - INM recordó que: “Toda autoridad civil, militar y particular que utilice las instalaciones del INM, como las áreas de internación en el país, deberá cumplir protocolos de salud. El Código Penal Federal y los códigos penales de Chiapas y de Tabasco prevén penas de 5 a 10 años de prisión a quien ponga en peligro de contagio de salud al otro”, de acuerdo al boletín 366/2020.

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• Se destaca los discursos contradictorios de los gobiernos, los cuales están encubiertos en buenos deseos pero en la práctica se aplican múltiples violencias y abusos constantes. Por ejemplo, durante octubre el gobierno de Guatemala fue protagónico en el freno a la caravana, asfixiando el paso de la marcha por medio de novedosas técnicas como cortarles el suministro de alimentos y ayuda. 

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• Durante el mes de noviembre continuaron los abusos contra migrantes que transitan por México. De acuerdo al planteamiento de organismos como la CDH de la Ciudad de México, en este tiempo se han intensificado las detenciones de migrantes, a la vez que los procesos para el reconocimiento de refugiados se han dilatado, sumándose a ello la negación del acceso a la salud para las personas migrantes.

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• La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso) de la Ciudad de México informó el 5 de noviembre a través de la Gaceta Oficial  sobre la cancelación de los procedimientos y actividades del programa “Ciudad Hospitalaria y Movilidad Humana” para el ejercicio fiscal 2020, programa que incluía apoyos a repatriados, desplazados, solicitantes de refugio y personas en tránsito.

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• El mes de noviembre estuvo acompañado de redadas y detenciones en el sur y en el norte del país a cargo de la Guardia Nacional de México.

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• A pesar de que las desventajas socioeconómicas de los migrantes incrementan sus probabilidades de contraer Covid-19, en diciembre los gobiernos mexicano y estadounidense excluyeron de los programas de vacunación a las personas indocumentadas, lo que incrementa su vulnerabilidad.

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• Al paso de las tormentas Iota y Eta en Centroamérica, se suma el incesante desempleo y la consecuente reducción de envío de remesas, lo que afecta mucho a las sociedades de origen. Sin embargo el trabajo de los migrantes en Estados Unidos es indispensable para superar los embates de la pandemia.