A pesar de que la gran mayoría de países de las Américas son simultáneamente emisores y receptores de flujos transnacionales, mientras que otros se han tornado además en espacios de tránsito y de retorno voluntario y/o forzado, durante la pandemia, las medidas estatales implementadas para procurar la protección social y laboral han sido preponderantemente nacionalistas. En aquellos países donde se han adoptado estímulos económicos de ayuda a trabajadores, por ejemplo, éstos han sido pensados para brindar apoyo mayoritariamente a  trabajadores nacionales o a ciertos residentes regularizados. El gran número de migrantes irregularizados, asilados o refugiados que viven en las Américas han quedado por fuera de cualquier ayuda estatal de este tipo. Así mismo, en aquellos países del continente que cuentan con un largo historial migratorio y que desde hace décadas dependen del envío de remesas, tampoco se ha implementado ninguna medida de protección social a favor de connacionales emigrados en el extranjero. De ahí que se traten de medidas híper nacionalistas, pero selectivas, pensadas solo para ciertas categorías de ciudadanos, principalmente aquellos que residen en el territorio nacional. 

 

Son escasas las excepcionalidades de gobiernos centrales que deliberadamente han incluido a la población en condición de movilidad como beneficiaria de las medidas adoptadas. México, ha creado mecanismos para apoyar a la repatriación de mexicanos migrantes muertos por la pandemia en el extranjero; Argentina, ha adoptado medidas de ayuda sanitaria y financiera para argentinos residiendo en el extranjero y que hayan perdido su empleo; y, Colombia, ha implementado la plataforma virtual “Cuéntanos Cómo Estás”, para que colombianos en el extranjero den cuenta de su situación durante la pandemia. Asimismo, son contados los casos que han implementado medidas para  inmigrantes irregularizados. En Costa Rica, el gobierno central reiteró que la atención de salud es un derecho universal sin distinción por nacionalidad o condición migratoria; el de Colombia se pronunció en contra del desalojo de vivienda particularmente de venezolanos que no puedan pagar la renta; y, el de Brasil, a pesar de tener un gobierno de extrema derecha, adoptó la medida más notable. Gracias a la postura de una bancada del Congreso, el gobierno federal brasilero implementó el programa Auxilio Emergencial que incluye a migrantes irregularizados, quienes recibirán un pago de tres mensualidades por 600 reales o USD 110 dólares. 

 

Las medidas excepcionales también han estado presentes entre contados gobiernos locales. Ese es el caso de las medidas tomadas por la gobernación de California en Estados Unidos, por ejemplo, con un programa de beneficio económico para migrantes irregularizados, o el de la municipalidad de Iquique y de Colchane en Chile, que han implementado programas de apoyo para migrantes bolivianos, o el de Matamoros, que ha entregado artículos de limpieza y vituallas en el campo de refugiados configurado en esa localidad. Estas evidencias revelan así el potencial rol que los gobiernos locales pueden cumplir como garantes de derechos sociales y económicos contradiciendo a  medidas centrales híper nacionalistas y excluyentes. 

 

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