La transferencia del control a la movilidad desde Estados Unidos a terceros países, o externalización de la frontera al sur, es un mecanismo que opera en la región desde la década de los 90. Así se han establecido acuerdos comunes de seguridad fronteriza; regímenes de visado; programas de detención; y convenios de recepción de migrantes devueltos y deportados. Estas medidas se han implementado para contener a migrantes irregularizados en tránsito mayoritariamente centroamericanos, pero también sudamericanos, caribeños y extra-continentales. Consecuentemente, antes de la pandemia, los centros de detención en México ya estaban al borde de su capacidad y no en las condiciones sanitarias más óptimas. Situación compartida en múltiples albergues migratorios localizados a lo largo de Guatemala y México. Durante la pandemia, estos espacios se han tornado focos de alto contagio y riesgo para la salud y vida de migrantes irregularizados. 

 

Por otro lado, ante el incremento de solicitantes de asilo que llegan hasta la frontera entre México y Estados Unidos, bajo la administración Trump, antes de la pandemia, ya se habían adoptado algunas medidas de contención. Entre otras, los programas “Remain in Mexico” y “Terceros Países Seguros” (Guatemala, El Salvador y Honduras) con el objetivo de que los solicitantes de asilo, –sobre todo centroamericanos, y menor medida mexicanos, venezolanos, caribeños y extra-continentales –, esperen en esos espacios nacionales hasta que el procedimiento de aplicación al asilo en Estados Unidos tenga lugar. Antes de la pandemia, el tiempo de espera ya confinaba a los solicitantes a un limbo jurídico, exponiéndolos a condiciones de vida altamente precarias y violentas particularmente en la frontera entre México y Estados Unidos. Durante la pandemia, la invocación a la Ley del Servicio de Salud Pública de 1944, ha permitido al gobierno de ese país, legal y legítimamente tomar medidas excepcionales para impedir la entrada a quienes representen un “riesgo” a la salud pública, entre otras: el cierre de su frontera, el incremento de devoluciones y deportaciones express, y el impedimento temporal para solicitar asilo. En conjunto estas medidas han provocado el incremento de solicitantes de asilo varados, de migrantes devueltos y/o deportados, incluyendo niños, niñas y adolescentes. Estas situaciones solo han acrecentado su desprotección y riesgo ante formas de violencia local y ahora ante el riesgo de contagio de Covid-19.  

 

Por último, aun cuando las fronteras se han cerrado globalmente, Estados Unidos no ha dejado de deportar a migrantes. Bajo acuerdos de recepción con los países de origen, los vuelos de deportación persisten. La llegada de deportados a Guatemala, El Salvador, Haití, Colombia y Ecuador ha tenido efectos discriminatorios entre la población local. Debido a que Estados Unidos – en contra de todo protocolo de salud –, ha deportado a migrantes que dieron positivo a Covid-19. 

​