La pandemia ha justificado una perversa intersección entre políticas de salud pública y control a la movilidad en los distintos espacios nacionales de las Américas. Esto ha exacerbado el sentido común construido desde el Estado y los medios de comunicación que asocia la figura del extranjero con la “peste”. Así, de manera generalizada, los migrantes – más aún si están irregularizados – son vistos como una amenaza a la sanidad pública por ser supuestos vectores de contagio. A la vez, en el medio del colapso económico, la figura del extranjero es percibida como una “carga social” particularmente para los Estados receptores. Ante este escenario, blindar las fronteras y agudizar los mecanismos de control interno se han legitimado y justificado. Para muestra lo sucedido en Estados Unidos donde a partir de mediados de marzo de 2020, se ha invocado la Ley del Servicio de Salud Pública de 1944, bajo la cual legal y legítimamente se han tomado medidas excepcionales para impedir la entrada a quienes representen un “riesgo” a la salud pública. Así, se ha podido militarizar su frontera sur, poner fin sumariamente al asilo, acelerar deportaciones, y negar la entrada de solicitantes de protección internacional, incluso si son menores de edad no acompañados. Si bien éste es el caso más extremo, en todos los países del continente se han adoptado medidas de control y cierre fronterizo generando importantes afectaciones a solicitantes de asilo, refugiados y migrantes irregularizados en tránsito. 

 

Aun cuando el cierre e híper vigilancia fronteriza afecta desproporcionadamente a migrantes irregularizados, en el marco de la pandemia, otras categorías de población en movimiento también han sido afectadas. Ese es el caso de turistas, estudiantes o de personas que viajan por negocios, a quienes se les ha restringido el libre retorno a sus países de origen, salvo si lo hacen en contados vuelos humanitarios, o el libre ingreso en la gran mayoría de países en las Américas. El caso Argentino resulta excepcional pues en esa línea ese país ha implementado deportaciones “acordadas” dirigidas particularmente a turistas coreanos y europeos que hayan incumplido la estricta cuarentena impuesta.

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