• El cierre de fronteras se mantiene bajo vigilancia militar y policial. Desde el Ministerio del Interior se insta a reforzar el control.

​

• Octubre inició con el avance en la polémica Ley Migratoria propuesta por el gobierno. La Cámara Alta del Senado envió a su tercer trámite constitucional el proyecto que supone expulsiones rápidas para migrantes irregularizados, más aún quienes registren “faltas reiteradas a la ley”, así como devoluciones desde la frontera. Se dejó por fuera la propuesta de la oposición de un proceso de regularización de 90 días una vez que entre en vigencia la normativa y la posibilidad de una “visa de turismo laboral”. A decir del gobierno esta propuesta tuvo un efecto llamada incrementando la migración irregular. 

​

• Solo un día después de aprobada la ley en la cámara alta del Senado, el Subsecretario del Interior Juan Francisco Galli visitó Tarapacá y Colchane, junto al General inspector de Carabineros, Ricardo Yáñez, y el Director de asuntos consulares de Cancillería, Raúl Sanhueza. El objetivo central fue coordinar el reforzamiento y control de la frontera a causa del incremento de ingresos por pasos irregulares (la policía estima que al menos 5 mil personas han ingresado irregularmente al país entre enero y septiembre de 2020). Galli anuncia que los migrantes irregulares serán deportados.  

​

• Días después (segunda semana del mes de octubre), la Cámara de Diputados rechazó diez de las enmiendas del Senado entre las que se destacan: la imposibilidad de devolver o deportar a personas cuya vida e integridad corran peligro en el país de origen; inaceptabilidad de personas con condenas o procesos judiciales en Chile u otros países; inadmisión a los extranjeros que realicen declaraciones, ejecuten actos o porten elementos que constituyan indicios de que se disponen a cometer un crimen o delito; permisos de residencia temporal en lugar de permanente para personas victimas de trata y tráfico o de violencia de género; vencimiento de residencia temporal como causal de expulsiones; entre otras.  

​

• Para fines del mes de octubre las autoridades de la provincia del Tamarugal, región de Tarapacá, trabajan para abrir una residencia sanitaria en Huara, debido a la compleja situación migratoria por la que atraviesa la zona. 

​

• Los Concejales de Huara se oponen a que estadio comunal sea usado como albergue destinado a migrantes. En tanto que, El Gobernador del Tamarugal insiste en que este espacio pueda usarse mientras se traslada a los migrantes a residencias sanitarias acordes.

​

• Para finales del mes de noviembre y tras su envío a comisión mixta en octubre luego de una serie de diferencias entre la Cámara y el Senado, la reforma de migraciones finalizó su cuarto trámite constitucional. Las diez enmiendas cuestionadas serán votadas una a una para no rechazar todo el informe. Entre los acuerdos alcanzados, los legisladores aprobaron la creación de una visa en ayuda para mujeres víctimas de tráfico y la eliminación del artículo que solicitaba Eunacom a médicos extranjeros después de cinco años de trabajar en instituciones públicas.

​

• El 3 de diciembre, el Senado aprobó con 38 votos a favor y dos en contra, el informe de la comisión mixta de la nueva Ley Migratoria. Crea consigo un Servicio Nacional de Migraciones, permite la regularización de los migrantes que hayan ingresado regularmente al país antes de la pandemia (18 de marzo 2020) y que no registren antecedentes penales, los demás deberán abandonar el país en un plazo de 6 meses.

​

• Diputados del Frente Amplio (izquierda) pidieron un examen de constitucionalidad de 14 artículos de la nueva ley migratoria ante el Tribunal Constitucional, retrasando así su entrada en vigencia. Ante ello, la Unión Democrática Independiente (derecha), asesorados por la Fundación Jaime Guzmán, presentaron un requerimiento similar para revertir las impugnaciones del Frente Amplio.

​

• Las autoridades estatales, a través de los medios de comunicación, han insistido reiteradamente en el último trimestre del 2020 sobre el incremento de la migración irregular, con los contagios por COVID-19 y con la criminalidad. Así mismo, han sido categóricos en que las entradas irregulares significarían enfrentar un juicio y posterior expulsión. Este mensaje se dirige principalmente a venezolanos y bolivianos.